Ciudades y plan de desarrollo
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
LA OLA INVERNAL HA OBLIGADO AL Gobierno Nacional y a la ciudadanía a entender que no seguir los principios del Ordenamiento Territorial (OT) se puede traducir en fatalidad nacional.
Destruir la cobertura vegetal que nos protege de las crecientes y desecar las ciénagas, que regulan los caudales de los ríos, generan destrucción; ubicar viviendas en zonas de alto riesgo genera muertes y miles de damnificados. La falta de planeación urbana se expresa en el desorden urbano y la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo; la falta de aplicación de la legislación referida al OT nos está pasando la cuenta de cobro, en la actual crisis invernal. Esto también se manifiesta en el deterioro de cuencas hidrográficas que por estos días se relaciona con las inundaciones y en épocas de sequía con la falta de agua. Durante el invierno, olvidamos los veranos y viceversa. Con el cambio climático los climas extremos son más frecuentes y por ello debemos prepararnos. El uso inadecuado del suelo, es factor generador de los llamados desastres naturales que en realidad son catástrofes generadas por nuestra equivocada relación con el entorno natural.
Los servicios ambientales que usan las ciudades exigen la transferencia de recursos financieros de la ciudad al campo para la conservación de las cuencas, cuyo manejo es responsabilidad principal de los municipios y las CAR, clientelistas e ineficientes. El Gobierno Nacional es igualmente responsable por haber perdido la capacidad para liderar el Sistema Nacional Ambiental, vigilar a las CAR y orientar sus inversiones, exigiéndoles que cumplan sus funciones como autoridad ambiental.
Sobre vivienda y ciudades amables, al PND le hace falta una política de poblamiento que disminuya la dinámica de concentración poblacional y productiva en Bogotá y su área metropolitana; se debe favorecer el crecimiento en ciudades intermedias, pues la aglomeración urbana genera un alto costo social y ambiental. La movilidad de Bogotá no puede solucionarse transfiriendo recursos de la nación a la capital, donde se presenta el mayor ingreso per cápita del país. Para favorecer la movilidad urbana en Bogotá, se debe privilegiar el desarrollo de sistemas masivos de transporte y gravar el uso privado de la malla vial. Los vehículos privados deben pagar un impuesto creciente según el tamaño de sus motores y su aporte contaminante, que afecta a toda la población.
Como parte de la estrategia de poblamiento y disminución de los niveles de aglomeración, los centros universitarios deben trasladarse a espacios rurales y ciudades pequeñas. Igualmente debe crearse un impuesto diferenciado para evitar que los procesos manufactureros se concentren en las grandes ciudades. Respecto a la necesidad urgente de mejorar la calidad del aire urbano y hacer la producción manufacturera amigable con el medio ambiente, el PND quiere impulsar el sello Ambiental colombiano para arquitectura sostenible y generar un régimen tributario preferencial que sirva de incentivo. Iniciativa que aplaudimos.
El PND no habla de la necesidad de disminuir la producción per cápita de basuras y para ello se deben gravar los bienes de consumo y empaques que generan mayor impacto ambiental, ya que tienen bienes sustitutos disponibles en el mercado. Como referente progresista cuatro ciudades en California, EE.UU., incluida San Francisco, primero pusieron impuestos y luego suspendieron el uso de bolsas plásticas. Adicionalmente es indispensable generalizar la separación en basuras en la fuente y definir mecanismos que permitan incrementar el reciclaje.
Ciudadanía y Gobierno debemos trabajar por la planeación y gestión de un ambiente urbano sano y estable y activar la veeduría ciudadana de las autoridades ambientales.
